Se confirmó la décima cuarta muerte debido al Coronavirus en Casanare. 

Este sábado, el Instituto Nacional de Salud había confirmado el fallecimiento de tres personas en el departamento, llegando a un total de 13 fallecidos por el virus. 

De acuerdo al INS, los tres fallecidos correspondían al caso 256: un paciente de sexo femenino residente en el municipio de Yopal de 44 años de edad; el caso 367, un paciente de sexo masculino residente en el municipio de Aguazul de 77 años de edad y el caso 572, un paciente de sexo masculino residente en el municipio de Villanueva de 88 años de edad. 

Sin embargo, este domingo 16 de agosto, el INS reportó una nueva víctima fatal, correspondiente a un paciente del sexo masculino de 50 años de edad, procedente del municipio de Aguazul, con antecedentes de hipotiroidismo y obesidad. 

Entretanto, con el reporte de hoy, se confirmaron 42 nuevos casos, para un total de 655 contagios en Casanare. 

“Eran casi las 8 o 9 de la mañana. Un ruido en la puerta. Ladridos. No sabíamos de donde eran. Primero se levantó mi mamá. Revisó la puerta y dijo: hay un perro que está ladrando. Todos nos levantamos, revisamos la puerta. Ya el perro comenzó a botar babaza, se orinaba. No sabíamos qué le sucedía. Luego caímos en cuenta: este perro está envenenado” cuenta Valentina Villamizar quien junto a su familia presenciaron como un perro agonizaba frente a su casa. Él no era su mascota, pero por empatía intentaron ayudarlo. 

Este tipo de eventos se vienen haciendo frecuentes en el municipio de Yopal. Cerca de 49 episodios por envenenamiento de mascotas ha tenido que atender Jimmy Mosquera, veterinario y propietario del establecimiento Animal Club desde el inicio de la pandemia. En los primeros meses, su local fue el único que prestó servicios de urgencias las 24 horas. Él nos da a conocer algunos concejos para tratar a nuestras mascotas cuando son víctimas de estos hechos violentos. 

De acuerdo con Mosquera “la primera urgencia es, si el paciente no está convulsionando, pueden aplicar agua oxigenada. Es muy buena. Más o menos pueden utilizar 10 cm en un perro tipo Pincher, 20 cm un perro tipo Beagle, Schnauzer – raza mediana – y hasta 30 cm en un perro tipo pitbull. Eso va a producir que el animal se llene de gas y pueda vomitar” y agrega que en si en caso contrario “el perro está convulsionando, lo ideal es clínica automática. Eso hace que se cumplan unos protocolos. Hay muchos tóxicos que no tiene antídotos, por eso el tratamiento es paliativo, sintomático y de depuración: lo que hacemos es filtrar la sangre para poderles dar la limpieza mientras el animal pasa” 

Derecho Animal

Con el ánimo de que la violencia contra los animales no se naturalice, consultamos a Magda Balaguera, inspectora cuarta de policía del municipio de Yopal, quien nos habló sobre la normatividad que protege a nuestras mascotas y las consecuencias que pueden traer consigo el atentar contra sus vidas. 

Ella recibió el llamado de denuncia por parte de la comunidad del barrio Villa Rocío en donde recientemente fue envenado un canino, el mismo que vio morir Valentina y su familia; y manifestó que frente a esta queja “me comuniqué con la policía ambiental para que fueran ellos quienes investigaran y de esta manera poder remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones pertinentes” 

De acuerdo con la Ley 1774 de 2016, este tipo de hechos ya no se catalogan como una contravención ambiental, sino que están tipificados como un delito, debido a que la legislación enmarca a los animales como unos seres sintientes y ello los cobija con especial protección “En los casos de maltrato animal existen unas sanciones que típica el código penal que están entre 5 a 50 SMLV y entre 12 a 36 meses de prisión” agrega Balaguera.

Responsabilidades de los cuidadores

Pero, así como existen normas que protegen a nuestros animales, también existen otras de convivencia ciudadana que, si las cumpliésemos, tal vez ayudarían a reducir e incluso a acabar con estas acciones que no son mas que represarías contra estas criaturas indefensas. 

“El que tenga un perrito es porque debe saber educarlo y hacerse responsable de todo lo que haga. Si fue y se orinó en el parque o se hizo en la casa del vecino, no dejar eso ahí. Por eso también los problemas con la gente: como vino y se hizo acá, ya le cogieron bronca al perrito. Entonces cuando vuelva a pasar por acá le voy a echar veneno para que se muera ese perro que siempre viene. Así es la gente” se lamenta Valentina ante la insensibilidad de algunas personas. 

Frente a esta problemática que es el detonante de la mayoría de conflictos que terminan en la muerte por envenenamiento, principalmente de perros; el Código de Policía establece unas obligaciones a los dueños de estas mascotas entre las que está la recogida de sus excrementos, el cual es un comportamiento contrarío a la convivencia pero que es muy notorio en el municipio de Yopal.   

“Esta clase de comportamiento si se puede denunciar. Puede tomar la fotografía del canino. Tener los datos del propietario de la mascota y llamar la Policía Nacional para que inmediatamente imponga el comparendo. Sino es así se pueden acercar a las inspecciones de Policía para que nosotros iniciemos el proceso verbal abreviado e impongamos las sanciones. El incumplimiento de estas obligaciones impone unas multas que van desde 127.000 hasta 936.000 pesos” enfatiza la inspectora cuarta de policía del municipio Yopal. 

Para Jimmy Mosquera “muchas personas no son tolerantes y ponen medicamentos y productos para hacer daño a los animales. No debería ser así, pero muchos propietarios también deben entender que tienen que tener responsabilidad con sus mascotas, llevándolos amarrados, recogiendo el popo” y agrega que “la gente que está intoxicando perros deben entender que ellos no tienen la culpa” 

“Esto no se le hace a nadie. Un perrito es igual que nosotros: el tiene vida. Yo también tengo mascotas y se lo que se siente que a uno le hagan esto. Es un daño que nadie quiere” finaliza Valentina reflexionando acerca de la actitud que violencia que se ejerce en contra de las mascotas.

A partir de la experiencia de búsqueda de los miembros de la familia Granados, oriunda de Chámeza (Casanare), parientes, amigos y demás allegados de las víctimas de desaparición forzada, en compañía de entidades como la Unidad para las Víctimas, recordaron a sus seres queridos. 
 
La historia de los Granados resume el pasado de violencia que vivieron los residentes de ese municipio Casanareño. Marcela Granados Ballesteros, quien presidió el encuentro, narró la suerte de cada uno de sus nueve familiares desaparecidos, algunos asesinados y otros de los que simplemente nunca volvieron a recibir noticias. 
 
Entre las víctimas de ese delito está José Roselino Granados Galindo (centro en la foto), padre de Marcela, un campesino de 60 años que fue retenido por grupos armados ilegales el 11 de marzo de 2003, y cuyo paradero sigue siendo un misterio. Lo último que se supo de él, es que fue llevado al cerro de San José, en el municipio de Tauramena, mismo departamento. 
 
En torno a las historias particulares de los miembros de esta familia, diferentes organizaciones han desarrollado instrumentos que honran la dignidad de las víctimas y les permiten seguir presentes a través de la memoria colectiva. La Asociación Otras Voces, por ejemplo, presentó una galería virtual que recoge aspectos esenciales de la vida, gustos y costumbres de varios de los desaparecidos de la familia Granados. 
 
Entidades como la Unidad para las Víctimas, en cambio, han focalizado su esfuerzo en el proceso de acompañamiento a los familiares de los desaparecidos que desean vincularse a la búsqueda de sus seres queridos. 
 
El director de Reparación de la Unidad, Enrique Ardila Franco, dijo que “hoy podemos afirmar que la entidad cuenta con una línea técnica fuerte; ha garantizado un presupuesto para la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda y en las entregas dignas, disponiendo de un operador logístico para apoyar estos momentos; el auxilio funerario, y el acompañamiento psicosocial en el marco de su Ruta de Reparación”. 
 
Marcela, por su parte,  reconoció el apoyo brindado durante todos estos años, agradeció el compromiso de la Unidad con las víctimas y en especial con la familia Granados, y agregó que “por supuesto, seguimos en la búsqueda de la memoria. Necesitamos del apoyo de las instituciones para visibilizar el tema de la desaparición forzada y en el caso de nosotros, también el de asesinato”. 
 
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, el Casanare tiene 4.293 víctimas directas e indirectas de desaparición forzada, y 156 de ellas corresponden al municipio de Chámeza. 

El alcalde Luis Eduardo Castro anunció nuevas medidas durante este fin de semana con puente festivo, para mitigar el Covid-19 en la capital Casanareña, señalando que implementará en Yopal el toque de queda según los horarios establecidos por el Gobierno departamental.

La restricción se realizará "Desde las 21:00 horas del 14 de agosto de 2020, hasta las 5:00 am del 18 de agosto de 2020, en todo caso se seguirán aplicando las 46 excepciones dispuestas en el artículo 3 del decreto Nacional 1076 de 2020", según lo establecido en el decreto 0208 expedido por la Gobernación de Casanare.

Así mismo se seguirá aplicando la medida de pico y cédula en el municipio de Yopal durante este fin de semana. Junto con la prohibición del expendio y consumo de bebidas embriagantes emitido mediante decreto 184 del 2020

Por lo anterior, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía para que respeten las normas y acaten el aislamiento social obligatorio, para evitar ser multado por las autoridades.

Entretanto, mediante el decreto 75 del 14 de agosto de 2020, la Alcaldía de Aguazul determinó la Ley Seca y Toque de Queda en la jurisdicción del municipio desde las 9:00 p.m. del 14 de agosto, hasta las 5:00 a.m. del 18 de agosto de 2020.

El fin de semana será de obligatorio cumplimiento el Pico y Cédula de acuerdo al Decreto 71 del 4 de agosto de 2020. Ademas, podrán transitar en el municipio las personas que estén dentro de las excepciones dispuestas en el Decreto Nacional 1076 del 2020 y que certifiquen esa excepcionalidad.