La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Yopal, para que garantice la cobertura del Programa de Alimentación Escolar – aprendizaje en casa- a 12.000 niños, niñas y adolescentes beneficiarios en la capital de Casanare.

El órgano de control alertó sobre la urgencia de iniciar un proceso público de contratación del operador, para la prestación del servicio a cerca de 7.000 beneficiarios de la zona rural y 5.000 del área urbana.

A partir del mes de abril, el PAE por disposición del Decreto 470 de 2020, empezó a funcionar mediante la entrega de paquetes alimentarios o bonos a los beneficiarios, quienes previamente los recibían en las instituciones educativas oficiales.  El municipio de Yopal hizo una primera entrega de raciones en mayo y solo hasta finales de julio concretó la distribución del segundo paquete de raciones.

A lo anterior se suma que el municipio para el mes de marzo tampoco había entregado los complementos alimentarios en las instituciones educativas, porque según la administración territorial, el proceso de selección del operador no pudo ser adjudicado debido a que no se presentaron oferentes.

 El ente de control hace vigilancia y seguimiento al PAE como estrategia para garantizar los derechos a la educación, salud y alimentación equilibrada de niños, niñas y adolescentes, en especial en época de emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19.

La concejal animalista Andrea Padilla denunció amenazas contra su vida por la postulación de un proyecto que busca prohibir las peleas de gallos en Bogotá, dicha iniciativa habría generado molestia en el sector que se dedica a estas prácticas y sería el motivo de las amenazas.

“Sres. Fiscalía y Unidad de Protección, estoy siendo amenazada de muerte desde el siguiente perfil de Facebook: francisco.mendez.73113528 Dice que me da una semana, a partir del 10 de agosto, para retirar mi proyecto de acuerdo de prohibición de peleas de gallos en Bogotá”, denunció la concejal en Twitter.

Padilla es reconocida por su lucha en pro de los derechos de los animales en la ciudad. Ha estado detrás de proyectos como el fin de la violencia en las corridas de toros, el retiro de los perros de seguridad en el sistema TransMilenio y en la actualidad adelanta un proyecto que busca prohibir las peleas de gallos y su cría para este objetivo, precisamente este le valió las  amenazas a la concejal.

“Lo que busca, al parecer, esta persona es que yo retire un proyecto de acuerdo que en este momento cursa trámite en el Concejo de Bogotá, que busca la prohibición definitiva de las peleas de gallos en la ciudad”, indicó Padilla.

El hombre que envía los mensajes amenazantes a la concejal se identifica como Francisco Mendez, trabajador de la Clínica Veterinaria Zoovet, sin embargo, la veterinaria afirmó que este sujeto utiliza ilegalmente su logo ya que no trabaja allí.

“Le informamos a la comunidad que desde el año pasado un personaje de nombre Francisco Mendez, está haciendo uso de nuestro logo en su cuenta de facebook. Informamos que no tenemos relación alguna con esa persona, no la conocemos, “No representa a nuestra empresa”, está haciendo uso ilegal de nuestro logo y tomaremos las medidas legales respectivas ante los entes judiciales a los que haya lugar”, informó Zoovet en su página de Facebook.

Distintas figuras del Distrito y el Concejo han alzado la voz para que se garantice la protección de Andrea Padilla. 

"Toda mi solidaridad. Te vamos a proteger y vamos a sacar ese proyecto adelante. Todos los concejales podemos ser coautores si aceptas", trinó Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá.

La Contraloría Departamental de Casanare exhortó a las Personerías Municipales a establecer con el organismo de control, una alianza para que estas entidades ejerzan su función de veedores del Tesoro Público y desarrollen las funciones que le otorga la ley.

El anuncio fue hecho por la contralora Yanneth Constanza Holguín Suarez, a través de una circular donde exhorta a los Personeros de los 19 Municipios, para que, de conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley 617 del 2.000, se actúe propendiendo por garantizar el interés colectivo y de la sociedad, así como el patrimonio público.

La titular del organismo de control regional, llamó la atención de las Personerías para que ejerzan su función de veedores del tesoro público, desarrollando las funciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 617 del 2.000, como lo son, entre otra muchas, las de velar por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación administrativa en los aspectos de transparencia, economía, responsabilidad, ecuación contractual y selección objetiva.

La contralora Yanneth Constanza Holguín Suarez, dijo que, las personerías, tienen las facultades del Control Interno en sus municipios, por lo tanto, ejercen autoridad para vigilar y propender por la igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientales en sus respectivas jurisdicciones.

Agregó Holguín que, todos los funcionarios de la entidad a su cargo, están atentos a las denuncias que se pueden hacer a través de los diferentes canales de comunicación que se establecieron, como garantía de la alianza institucional propuesta para propender por el manejo transparente del patrimonio público en sus territorios.

Finalmente, la contralora Departamental resaltó la utilidad del canal virtual "contacto©contraloriacasanare.gov.co", que se encuentra habilitado de manera permanente, para recibir las denuncias que tengan que ver con la inadecuada y o indebida gestión fiscal, que pueda producir daño al patrimonio de los ciudadanos de Casanare.

Inexistencia de controles para verificar si está cumpliendo con su aislamiento y la dilación para realizar la prueba que confirme su patología, denunció una mujer del municipio de Aguazul quien tiene la sospecha de ser positiva para Covid19, debido a que tuvo contacto estrecho con una persona que hoy está hospitalizada en el HORO por dicha enfermedad, en entrevista al noticiero del medio día Cómo va Casanare de Caracol Tropicana 106.3 F.M. 

La mujer a quien le fue protegida su identidad por motivos de seguridad manifestó que ha presentado “malestar en el cuerpo, molestia respiratoria, dolor en los ojos y en la cabeza, he presentado vomito, diarrea. Llevo más de ocho días aquí en aislamiento desde que me enteré que la persona con la que tuve contacto estrecho salió positivo” y agregó que “no me han echo control ni siquiera para verificar si yo estoy guardando mi aislamiento. No han pasado ni siquiera el primer día” 

Ella manifiesta que fue al hospital Juan Fernando Urrego de Aguazul cuando presentó un cuadro de diarrea, allí le recetaron Acetaminofén, Loratadina y suero pero no le hicieron prueba. La enviaron a aislamiento. 

De acuerdo con la denunciante, ante su insistencia, el médico la habría llamado en repetidas ocasiones para decirle: “en el transcurso de la semana vamos, en dos días vamos. Y aquí estoy esperando. Hoy amanecí súper mal casi no me puedo ni mover. Ni siquiera les importo. No sé qué controles tiene para verificar las persona que posiblemente tienen Covid” 

A su vez, su contacto estrecho que resultó positivo hace 12 días se encuentra hospitalizada en el HORO. Al parecer ella se habría comunicado para que le hagan la prueba y solo hasta hace unos días Capresoca la autorizó, sin embargo esta estaría retrasada debido a que le han manifestado que “no hay domiciliario y ahí se queda todo” 

“Deberían estar mas pendientes de la salud de las personas. Esto no es un juego. No los están controlando, por lo menos lo casos que nosotros avisamos que somos posibles no nos han hecho control para ver si estamos en aislamiento o no. (…) Hay personas que guardamos el aislamiento para que los demás no se contagien pero hay otras que son inconscientes que piensa que esto es un juego. Como Capresoca no me toma la prueba pues yo sigo en la calle y pues no debe ser así” finalizó la posible afectada por esta enfermedad. 

A la fecha se registran 10 fallecidos por Covid19 en Casanare, el ultimo de ellos registrado en el municipio de Aguazul correspondiente al caso número 357 identificado el pasado 4 de agosto.