Así lo dio a conocer el Brigadier general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, comandante de la Octava División, durante una rueda de prensa en la que entregó un balance sobre los últimos resultados operacionales en Casanare y la jurisdicción. 

De acuerdo con información suministrada por el Brigadier General, el arsenal que constaba de una ametralladora y seis fusiles, fueron hurtados cuando “dos soldados regulares habían sido engañados por un ex miembro de las antiguas FARC, que se había acogido al proceso de paz, ya se sacó orden de captura, alias Rambo y por el cual se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos” 

El comandante de la Octava división destacó que la labor a la cual calificó de “operación CSI”, se llevó a cabo en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, Sijín de la Policía, Fuerza Aérea y el sistema de inteligencia de todas las agencias. 

“Yo destaco esta labor dedicada de nuestras autoridades, pero sobre todo del trabajo extraordinario de esta Red Reparce de la cual hace parte nuestra querida población civil, donde logramos recuperar este material que en manos de los delincuentes, de estos grupos armados organizados, que son terroristas, que no conocen sino del sicariato y de la acción terrorista, le hubieran podido hacer mucho daño a nuestra querida población civil” agregó Fuentes Sandoval. 

Los dos soldados implicados se encuentran actualmente a órdenes de la justicia militar y están recluidos en un centro carcelario castrense, pues según se conoció habrían sido engañados para entregar las armas a cambio de dinero que jamás les fue entregado.

El Consejo de Estado será el encargado de definir el futuro político de la dirigente del partido Liberal, quien apeló el fallo mediante el cual el Tribunal Administrativo de Casanare decretó la pérdida de su investidura como diputada de la Asamblea Departamental. Mientras tanto seguirá con su credencial. 

La sentencia de primera instancia fue emanada por el Contencioso Administrativo de Casanare el pasado 13 de marzo pero debido a la suspensión de términos procesales, entre el 16 de marzo y 30 de junio, por la pandemia de la Covid-19, el recurso de apelación solo pudo ser interpuesto el pasado 13 de julio, a un día del plazo final para hacerlo. 

En la sentencia inicial, el tribunal acogió la tesis de los demandantes en el sentido que la diputada al tener investigaciones fiscales en la Contraloría Departamental de Casanare debió declararse impedida para participar de la elección de la contralora encargada Carme Lucía Bernal Niño el pasado 7 de enero. 

Para ese momento en la Contraloría, la diputada tenía vigente el proceso de responsabilidad fiscal 1872 que fue cesado mediante providencia del 30 de enero de 2020 por parte del director de Responsabilidad Fiscal Miguel Ángel Luna cuando ella realizó un pago por 4.675 millones de pesos en relación a dicho proceso. 

Para el Tribunal Administrativo de Casanare es claro que cuando se realizó la elección de la contralora encargada el 7 de enero de 2020 la diputada tenía conocimiento del proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba en su contra ya que estaba notificada del acto de apertura el 31 de octubre de 2017 e incluso rindió descargos. Esto implica que tenía un interés directo y de carácter económico cuya segunda instancia o en consulta debía ser resuelto por la contralora designada. 

Al no haberse declarado impedida para esta elección, se consideró que su conducta era dolosa y por ende está probado el conocimiento y la voluntad dirigida a transgredir el ordenamiento jurídico. 

Ahora será el Consejo de Estado el que confirme o descarte la decisión del Tribunal sobre la pérdida de investidura.

Fue la consigna y principal razón que esgrimieron un grupo de manifestantes en contra de una valla que se encuentra en la calle 30 con Cra. 23 en la que se busca enaltecer al ex Presidente Álvaro Uribe. 

De acuerdo con Antonio, uno de los manifestantes “somos una agrupación de varios colectivos que nos encontramos manifestándonos de manera pacifica y simbólica frente a otra gran manifestación simbólica que es esa gran pancarta. Queremos aclarar que en Casanare no todos somos uribistas, ni adeptos a cualquier política de derecha y regresiva” 

“Estamos en desacuerdo que la gente en general este a favor de un ex Presidente que ahora e históricamente, ha sido imputado por intentar esconder su nexos con el paramilitarismo y el soborno de testigos en su contra que buscan revelar que él ha cometido delitos de lesa humanidad en Colombia” agregó Antonio 

Frente a su manifestación, aclararon que no es la primera vez que realizan este tipo de actos en donde exaltan su inconformismo frente a las políticas de estado que de acuerdo con ellos “buscan reprimir a la gente y en vez de garantizar el mínimo vital como debe ser, reparten grande rubros del Gobierno a bancos que son instituciones que no promueven la economía sino que endeudan al pobre” 

“Queremos concientizar a la gante a que no generalice ni universalice el sentimiento de los casanareños. Los casanareños no son uribistas todos. Es un símbolo de respeto que debemos tener para con la gente que piensa diferente” finalizó

Para el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, la tesis del pago de viáticos manifestada por Diego Cadena “resulta bastante cuestionable” y envío a casa por cárcel al abogado de Álvaro Uribe Vélez, quien se encuentra vinculado al proceso por soborno y fraude procesal, del que también hace parte el ex presidente. 

De acuerdo con el juez, Cadena y su socio Juan José Salazar Cruz, quien fue dejado en libertad pero continua dentro del proceso, podrían ser condenados a una pena superior a los seis años de cárcel, pues sus actuaciones habrían sido con dolo en hechos que estarían asociados a actos para permear instituciones como la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y el Inpec e incidir en testimonios. 

Frente al caso de Juan José Salazar Cruz, el juez señaló que actuaba bajo las instrucciones de Cadena, a quien lo calificó como el determinador de los actos investigados. 

De esta forma se busca determinar si las entregas de dineros fueron un soborno o pagos por conceptos de viáticos y una ayuda humanitaria, asociados a la declaración de Carlos Enrique Vélez Ramírez, en los que supuestamente Cadena le habría ofrecido para testificar dentro del proceso que se le sigue a Uribe Vélez en la Corte por la posible compra de testigos. 

“En todos mis años de carrera profesional, nunca he visto actos humanitarios tan importantes como los manifestados en esta audiencia” agregó el juez 35 de control de garantías de Bogotá frente a lo expuesto por Cadena quien argumentó que el dinero entregado era para apoyar al hijo de Diana Paz que tenía un hijo enfermo.