Con los lemas: ‘Escuchamos a Las Víctimas’ y ‘En la Música Todos los Sentimientos Vuelven a su Estado Puro’, la Comisión de la Verdad, y demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV, se unen a una sola voz por las víctimas del conflicto armado en Casanare.

Hoy, jueves 9 de abril, Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, quiere recordar a las víctimas con música.  “Llamemos a las emisoras para dedicarles una canción a las víctimas y mantener la verdad y la memoria hecha música”.

A su vez, la Gobernación de Casanare, hace un llamado a la comunidad a expresar su respaldo a esta población en el departamento, a través de mensajes en redes sociales, utilizando la etiqueta #AUnaSolaVoz.

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el departamento para hacer frente al contagio del Covid-19, no se realizarán actividades conmemorativas públicas, sin embargo, la invitación a la población es a unirse a la campaña virtual desde sus casas, a través de manifestaciones de respaldo a las víctimas en el emprendimiento de sus nuevos proyectos de vida.

De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas, a corte del 29 de febrero de 2019, Casanare registra 72.135 víctimas de diferentes hechos relacionados con el conflicto armado.

La Comisión Departamental de Medidas de Satisfacción continúa adelantando esfuerzos que permitan avanzar en el proceso de reparación integral de las víctimas en Casanare. 

La Ley 1448 de 2011, se estableció el día 09 de abril para resaltar la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Diez recién nacidos dieron positivo al COVID-19 en una maternidad en Timisoara, oeste rumano, después de haber sido contaminados por personal sanitario, lo que llevó al Ministerio de Salud a iniciar una investigación.

"Las madres son negativas, los bebés son positivos", declaró el lunes por la noche el ministro de Sanidad Nelu Tataru, subrayando que los bebés habían estado "en contacto con el personal médico".

Los recién nacidos gozan de buena salud y no presentan síntomas. Nueve de ellos y sus madres abandonaron la maternidad y fueron aislados en sus hogares.

El ministro, que afirmó que en los próximos días se les realizará a todos una nueva prueba de detección del virus, señaló los "fallos en la actividad, tanto de los responsables de la maternidad como de la dirección local de salud pública" 

"Desde hace dos días siento que vivo en una película de terror", confió una de las madres al sitio local pressalert.ro. 

"El personal no llevaba máscaras. El miércoles nos enteramos de que había un caso de coronavirus. El jueves, el hospital fue desinfectado con nosotros dentro", agregó.

La maternidad estuvo en cuarentena unas 12 horas el 31 de marzo, pero reabrió al día siguiente porque las autoridades sanitarias locales consideraron que no había "ningún riesgo de contaminación para los pacientes y los médicos".

Rumania ha registrado algo más de 4.000 casos de coronavirus y 176 fallecimientos.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la Emergencia Social, Económica y Ecológica por el COVID-19.

“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”.

Precisó que la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación pusieron en el programa Transparencia por la emergencia para vigilar con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de contratos por la emergencia del covid-19, que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017, fueron firmados desde e 20 de marzo y superan los $800 mil millones, que sumados a los de la Contraloría corresponden a recursos del orden de $80 mil millones de pesos. 

“Hoy estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”.

En el departamento de Meta se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones. En Atlántico el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.

“En Cesar se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación”.

En Arauca también se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.

En Cúcuta, el contrato de edición de una obra digital, por $58 millones de pesos, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, “cuando lo que se requiere  son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar  esta pandemia”.

En Cundinamarca se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de  La Palma  y Guaduas, caso que también fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación. 

También figura en el departamento de San Andrés un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”. 

“Están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”.

Sostuvo que los hallazgos penales que hagan la Contraloría y la Procuraduría serán trasladados a la Fiscalía, porque “robarse los recursos de los pobres es un delito”.

“De parte de la Procuraduría vendrán las suspensiones de los contratos, las suspensiones de los funcionarios que han estado involucrados en estas vagabunderías, que no tienen escrúpulos en quedarse con la plata de los más pobres", puntualizó Fernando Carrillo.

Si no se llega a una conciliación extrajudicial, la exsecretaria general de la Corporinoquia, Diana Carolina Mariño Mondragón, entablará una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contra esta entidad, por no haberla nombrado como directora encargada, teniendo derecho a ello ante la ausencia de la titular elegida. Pide indemnización de 730 millones de pesos por salarios y daños morales causados.

Así se conoció en la solicitud de la conciliación instaurada ante los procuradores judiciales para asuntos administrativos. Para la demandante, los estatutos de Corporinoquia, establecen que cuando se presenta una vacancia del cargo del director, este debe ser asumido por la secretaría general. Y esta situación se produjo el 1 de enero cuando la titular elegida, Doris Bernal, no pudo posesionarse del cargo porque previamente el Consejo de Estado, el 12 de diciembre, había suspendido cautelarmente su elección por vicios en el procedimiento.

Entre los argumentos expuestos por la demandante está que el Consejo directivo que regía en Corporinoquia, hasta el 31 de diciembre, no tenía potestad para designar un director encargado, según lo advirtió la Procuraduría, basándose en los estatutos de la Corporación. Pese a ello nombró el 31 de diciembre como directora encargada a la profesional adscrita a la subdirección de Planeación Dolia Jenny Gámez Cala, quien no hacia parte del nivel directivo ni asesor. Una vez posesionada, nombró a Jorge Andrés Mariño Álvarez, como secretario general, dando tácitamente terminado el nombramiento de la demandante Carolina Mariño.

Igualmente se explica que el mismo Consejo de Estado a través de la Sección Quinta, suspendió cautelarmente, el 5 de marzo, a la directora encargada Dolia Jenny Gámez, porque su nombramiento se habría efectuado irregularmente al no acogerse a los estatutos de la entidad, que establecían que quien debió asumir las funciones de directora era la secretaria general.

Por todo lo anterior, la exsecretaria Carolina Mariño expresa que la situación le generó dolor, sufrimiento, tristeza, pesadez, depresión y ansiedad, no solo a ella sino a su grupo familiar conformado por su esposo, hija y madre. Y con base en ello pide el reintegro a su cargo de secretaría general y la indemnización por los daños y perjuicios patrimoniales para cada uno de sus familiares.

Reclama su salario de los meses enero a marzo y hasta que se resuelva la conciliación, cuya cuantía mensual asciende a 9 millones de pesos. También estableció que por concepto de perjuicios materiales e inmateriales en la categoría moral y de salud, le adeudarían a ella y su núcleo familiar 700 millones de pesos, aproximadamente.

De no prosperar la conciliación, trámite obligado por la ley, la exsecretaria presentaría demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Corporinoquia.

Por lo pronto en Corporinoquia y ante la suspensión de Dolia Gamez, asumió funciones Jorge Andrés Mariño Álvarez, por su calidad de secretario general. Hasta el momento no se ha resuelto la situación jurídica de la titular elegida el año pasado y los nuevos miembros del Consejo Directivo no han tomado decisiones al respecto.