Mediante Decreto 0249 del 27 de octubre de 2020, la Gobernación de Casanare ordenó el toque de queda en el departamento como medida de prevención ante la propagación del Covid19. La medida regirá desde hoy 28 de octubre y se extenderá hasta el próximo 1 de noviembre en el horario de 10 p.m a 5 a.m. 

La ordenanza fue dada a conocer por Oscar Gómez Secretario de Gobierno del departamento quien dijo que “el Gobernador, concertando con sus 19 alcaldes y alcaldesas de Casanare, nuestra fuerza pública y coordinando con el aval del Ministerio del Interior hemos expedido esta medida (…) en todos los municipios del departamento, cabeceras municipales, centros poblados y veredas” 

Para Gómez “es importante entender que, durante este fin de semana la cultura ciudadana, la disciplina social debe estar en la conciencia de cada uno de los casanareños. Estamos cercanos a los 4600 casos positivos de Covid19” 

A su vez, el Secretario de Gobierno, expreso su solidaridad con los familiares de los cerca de 90 fallecidos por cuenta de la pandemia en Casanare. 

Entre tanto, el coronel Luis Carlos Restrepo Moscoso comandante de Policía de Casanare dijo que “en coordinación con el Ejercito Nacional, haremos los planes en todo el territorio casanareño para dar cumplimiento a este Decreto” e invitó a toda la ciudadanía a la disciplina social y el respeto por las normas sanitarias.

Al parecer, durante dos años, a través de un supermercado de barrio la red delictiva, presuntamente conformada por los investigados, daba la apariencia de legalidad al ingreso de divisas de origen ilícito desde China y Turquía.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en un trabajo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), con base en informes de inteligencia de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), logró la captura y judicialización de tres personas que presuntamente incurrieron en el delito de lavado de activos.

La investigación desarrollada bajo el Direccionamiento Estratégico definido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que contempla la persecución de los activos y las fuentes de financiación de las estructuras criminales, permitió evidenciar que los hoy procesados, al parecer, a través de la constitución de una empresa fachada denominada La Buena Promesa SAS, dedicada supuestamente al comercio al por mayor de productos alimenticios, legalizaban el ingreso de divisas de origen ilícito desde Hong Kong (China) y Turquía, sin realizar las operaciones comerciales que las justificaran.

Se trata de los hermanos Diego Fabián y Mónica Alejandra Núñez Vergel, socios y fundadores de la supuesta empresa que en realidad era un supermercado de barrio, y el esposo de ella Edwin Saúl García Castellanos, a quienes el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.

Los tres investigados, detenidos el 22 de octubre último en Cúcuta (Norte de Santander), fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad: los hombres con detención
intramuros y la mujer con domiciliaria. Desde hace casi un año la Fiscalía y la Polfa de la Policía Nacional le seguían la pista a esta estructura cuya empresa operaba en Villa del Rosario (Norte de Santander); sin embargo, se pudo establecer que su actividad principal no guardaba relación alguna con las operaciones de cambio en las que soportó, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, el ingreso de divisas por un valor de USD 28’064.126, equivalente para la época a $82.560’560.690.

Además, las autoridades determinaron que La Buena Promesa SAS. tampoco registraba operaciones de comercio relacionadas con importaciones y exportaciones que justificaran el ingreso de dichos montos. Cabe destacar que la totalidad del dinero recibido en la cuenta corriente de la empresa aparentemente fue girado mediante 428 cheques en favor de terceras personas de escasos recursos, que no tenían la calidad de proveedores o clientes de la misma, por lo que se presume que esos retiros no eran para el desarrollo de su objeto social, sino para dar la apariencia de legalidad a los recursos ilícitos a su ingreso a Colombia y luego transformarlos en dinero en efectivo.

Los investigadores evidenciaron también que una sola persona habría realizado en el lapso de dos años 222 transacciones con retiros por valor de $45.710 millones de pesos, mientras que otra lo hizo por $17.525 millones de pesos.

El departamento se acerca a los 5.000 casos de Coronavirus, al llegar este martes a 4.659 contagios en el departamento. 

Entretanto, la ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo en el Hospital Regional de la Orinoquia, es del 90 por ciento de un total de 43 camas habilitadas en el centro asistencial, por lo que se adelanta la cuarta fase de medidas en el centro asistencial.  

Al respecto, el director Covid de la institución, Hernán Dario Hernández Santacoloma, afirmó que ante el aumento del número de casos Covid-19 se tiene previsto que en los próximos días entren en funcionamiento otras 20 UCI, de las cuales ya llegaron equipos para 15.

El médico también dijo que la mortalidad en el Hospital es de 1.8 por cada 100 mil habitantes mientras que en el país el promedio es de 3.6 por cada 100 mil habitantes.

Mientras tanto a nivel del departamento con los 53 casos Covid-19 reportados ayer 27 de octubre, Casanare acumula 4.659 contagios. De estos, 93 están hospitalizados, 694 en cuarentena en casa y fallecieron 83 a la fecha.

Según el reporte de la Secretaría de Salud de las 74 UCI adultos instaladas, el 87% están ocupada y de las 13 UCI neonatales y pediátricas, el 100% están ocupadas.

Yopal con 2.958 casos Covid-19 sigue siendo el municipio con más contagios, seguido de Aguazul con 343, Villanueva con 281, Maní con 234, Tauramena, 222 y Paz de Ariporo 194.

En una operación desarrollada de manera conjunta entre la seccional Boyacá de la Fiscalía y la Policía de Boyacá se desarticuló dos grupos de delincuencia común organizada que se dedicaban al hurto en Boyacá, Casanare y Cundinamarca.

Una vez concluidos los operativos, que permitieron 14 capturas en los municipios boyacenses de Sogamoso y Nobsa, los procesados fueron presentados ante jueces de control de garantías quienes dieron legalidad a las aprensiones y dispusieron que 12 de los procesados permanezcan privados de la libertad en establecimiento carcelario, los dos restantes irán a detención domiciliaria.

Un Fiscal de la Seccional Boyacá les imputó a los implicados delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, abigeato, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y receptación. Durante las audiencias concentradas, y ante el caudal probatorio recaudado por el ente investigador, 11 de los capturados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía, mientras que los cuatro restantes no reconocieron su responsabilidad en las conductas endilgadas por el ente investigador.

Los Grupos desarticulados: Picapiedra y los Fantasmas Los Picapiedra son un Grupo de Delincuencia Común Organizado GDCO; integrado por seis personas, presuntamente, dedicadas al hurto a personas, residencias y abigeato en Boyacá y Casanare.

Las investigaciones establecieron que utilizaban la modalidad de hurto a personas mediante raponazo y hurtaban residencias en la modalidad ventosa. Su actuar delictivo estaba concentrado en 22 municipios de Boyacá y algunos municipios de Casanare. Policía Judicial de la Sijin Boyacá logró establecer la participación de Los Picapiedra en 11 eventos de hurto en los que habrían afectado el patrimonio económico de sus víctimas en, aproximadamente, 600 millones de pesos.

Asimismo, se determinó que algunos de sus integrantes, al parecer, combinaban la actividad delictiva de hurto con otros delitos como el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, especialmente en el municipio de Sogamoso. Entre de los judicializados está un hombre quien sería jefe del grupo de delincuencial y quien es señalado de pertenecer al Grupo Armado Organizado ‘Clan Usuga’ en el año 2014. Los demás integrantes registran en el sistema penal anotaciones por los delitos de hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y homicidio.

Los Fantasmas Este grupo estaba compuesto por ocho integrantes que se estarían dedicados al hurto a residencias y fincas en municipios de Boyacá y Cundinamarca. Usando la modalidad de ventosa, los integrantes de esta habrían afectado el patrimonio económico de los habitantes de Sogamoso, Corrales y Nobsa en Boyacá; y la Calera, Ubaté, Zipaquirá y Cajicá (Cundinamarca).

De acuerdo a lo establecido, los presuntos integrantes de Los Fantasmas ubican las viviendas que podrían hurtar; principalmente, aquellas con fachada llamativa o apartamentos que denotaran de gran valor económico. Una vez escogidas sus víctimas analizaban las rutas de salida, ubicaban cámaras, hacían vigilancia a sus moradores, vigilantes y vecinos, para luego proceder a realizar hurtos los cuales eran concretados tras coordinar acciones vía telefónica, usando campaneros, conductores y los ejecutores de los hurtos.

En las indagaciones se estableció que este grupo delictivo habría participado en, al menos nueve eventos, y hurtado más de 280’000.000 de pesos. Entre sus víctimas estaría un diputado del municipio de Ubaté (Cundinamarca) y una comunicadora social en Boyacá. Los presuntos integrantes de Los Fantasmas también estarían alternando su actuar delictivo con la comercialización de sustancias estupefacientes. Todos los judicializados presentan antecedentes y anotaciones por delitos hurto, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, homicidio, lesiones personales y rebelión.