Una nueva polémica que involucra a la firma Catasig denunció el reconocido abogado Lenin Bustos. En esta ocasión el tema está relacionado con una deuda que tiene con empresa yopaleña desde hace un año y que aún no ha terminado de pagar.

Según lo explicó Bustos, en este caso se presentó una tercerización. Todo comenzó con los más de 800 millones de pesos que le autorizó la Alcaldía de Yopal a Catasig, para la adecuación de sus oficinas. Trámite que se llevó a cabo durante el Gobierno pasado.

Para ejecutar el proyecto la gestora catastral contrató Construcciones y Proyectos Enterprise SAS, que fue encargada de la remodelación, incluida la dotación del mobiliario.

Para fabricación y dotación de todos los muebles de oficina, la contratista de Catasig le encargó esa tarea a la empresa yopaleña El Ciprés. Sin embargo, comentó el abogado Bustos, que, durante el proceso de elaboración del mobiliario, Enterprise envió correos a nombre de otra compañía, específicamente Construcciones Dusán S.A.

Agregó que la factura de venta se expidió a nombre de Dusán S.A, incluso mencionó que las visitas de la interventoría la hizo personal de esa misma firma, mientras que la revisión del contrato la realizó el representante legal de Catasig.

“Eso es lo extraño. Si se le está comprado a una persona distinta, por qué el gerente de Catasig venía a la empresa a revisar y a las reuniones. El día de la entrega estuvo pendiente de la entrega”, indicó el abogado Lenin Bustos.

En cuestión de cifras el saldo pendiente que tienen con El Ciprés es cercano a los 10 millones de pesos, sin contar los intereses de más de un año que lleva la deuda, que suman 4 millones 800 mil pesos y los honorarios del abogado encargado de recuperar ese dinero.

Bustos contó que tuvo contacto con las directivas del gestor catastral quien además de no reconocer la deuda, dijo que había contestado de manera altanera.

“Yo me comuniqué personalmente con el director de Catasig. Fue muy grosero. Me dijo, mire, yo no compré nada, yo le pagué al otro y a mi no me llamen, hagan lo que quieran, haga lo que se le dé la gana”, aseguró el profesional del derecho.

Ante esta negativa Busto subrayó que lo va a llevar a los estados judiciales y cuestionó la tercerización del contrato. “Básicamente están enredando a la empresa de Casanare, para ver cómo le van a tumbar su plata y por eso vamos a presentar la denuncia por estafa”, concluyó Lenin Bustos.  

Frente a la ola de agravio y oprobios de los cuales ha sido objeto el senador Alirio Barrera, motivados por su voto en contra de la reforma laboral presentada por el Gobierno al Congreso, la directiva departamental del partido Centro Democrático hizo un pronunciamiento oficial.

Esta colectividad a la cual pertenece el congresista Barrera Rodríguez manifestó por escrito que “rechaza cualquier señalamiento injusto, o estigmatización contra nuestra gente, nuestra cultura y nuestros representantes”.

Defiende de igual forma, la posición asumida por el senador frente a la reforma laboral. El comunicado expresa que “al igual que otros congresistas, tomó una decisión basada en la defensa del empleo y el desarrollo del país”.

Agregó la publicación que este tipo de posturas pueden ser discutidas, pero desde la perspectiva del razonamiento y no de la pasión por lo ideales. “Sus acciones deben ser debatidas con argumentos y con respeto, no con descalificaciones ni agravios que buscan dividirnos”.

En este contexto la directiva departamental del Centro Democrático hace envió un mensaje claro a toda la comunidad. “Por eso, este no es solo un llamado a la defesa de un líder, sino un llamado a todos los casanareños a unirnos en una sola voz para exigir respeto, para proteger nuestra democracia y seguir construyendo la región próspera que no merecemos”.

Finalmente hizo un llamado a los organismos de control. “Exhortamos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y todas las instituciones competentes a garantizar la seguridad de nuestros líderes y velar por el derecho de cada ciudadano a expresarse libremente, sin miedo ni amenazas”.

El alcalde de Paz de Ariporo, Jorge Camilo Abril Tarache, tiene un plazo de 10 días para cumplir con una orden judicial que le exige girar los recursos retenidos por concepto de alumbrado público.

El giro debe hacerlo a la empresa mixta de alumbrado público del municipio. De no acatar la decisión, el mandatario podría enfrentar sanciones por desacato, que incluyen multas o incluso arresto, según lo establecido en el Código Penal. 

La orden fue ratificada por el Tribunal Administrativo de Casanare en segunda instancia, luego de que el Juzgado Primero Administrativo de Yopal emitiera un fallo el 13 de febrero de 2025 a favor de la empresa demandante.

El Tribunal modificó parcialmente la sentencia inicial, pero mantuvo la obligación del alcalde de transferir los fondos correspondientes al impuesto de alumbrado público, tal como lo establece el Acuerdo Municipal No. 500.02-023 del 30 de diciembre de 2022. 

En su decisión, el tribunal declaró que el alcalde ha sido renuente a cumplir con su deber de girar los recursos recaudados por este concepto, lo que constituye una omisión de sus responsabilidades administrativas.

Además, ordenó que, dentro del plazo establecido, se realicen las actuaciones necesarias para garantizar el pago de los recursos retenidos y asegurar que, en adelante, los fondos sean entregados de manera oportuna a la empresa. 

El fallo también advierte que, en caso de incumplimiento, se aplicaría el artículo 454 del Código Penal, que sanciona el fraude a resoluciones judiciales o administrativas. Esto implica que, además de las sanciones por desacato, el alcalde podría enfrentar consecuencias penales. 

La decisión judicial pone fin a un recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando la obligación del alcalde de cumplir con lo establecido en el acuerdo municipal. El expediente será devuelto al juzgado de origen para su ejecución, dejando constancia de las acciones tomadas. 

Controversia ha generado en Villanueva, Casanare, el proyecto de acuerdo 006 de 2025 presentado por la Administración municipal, cuyo objeto es conseguir la aprobación del Concejo, para que la Alcaldía tramite un empréstito por 20 mil millones de pesos.

La iniciativa ha sido blanco de cuestionamientos en los que se resalta que el actual alcalde, Héctor Fernando Vizcaíno Cahueño, recibió el Municipio con un superávit de 48 mil millones de pesos provenientes de los ingresos de regalías.

Otras diatribas apuntan a considerar otras posibilidades para la consecución de recursos. En lugar del endeudamiento le recomiendan al burgomaestre hacer gestión ante instancias departamentales y nacionales.

La respuesta del alcalde

Para el mandatario local la situación económica de su población se vio afectada con la decisión del Gobierno nacional de recortar las regalías, que para el caso de Villanueva es superior a los 40 mil millones de pesos.

Además, basado en las proyecciones entregadas por el Ministerio de Hacienda y el DNP, esa reducción rondará los 80 mil millones de pesos.

Consideró que esta coyuntura va en contravía del plan plurianual de inversiones que tenía proyectado, el cual está por los 180 mil millones. Agregó que una Alcaldía conformista acudiría al Concejo en búsqueda de conseguir la aprobación para reducir metas.

Pero esta alternativa para su Gobierno no es una opción, porque justamente el propósito de su plan de desarrollo es transformar el municipio de Villanueva.

Par conseguir este propósito se tiene una iniciativa de 15 kilómetros de vías urbanas, sobre las cuales se trabajará en el cambio de redes de acueducto, alcantarillado, sistema pluvial y las obras complementarias, como es la capa asfáltica.

Habló de un proyecto de 6.5 kilómetros de vías urbanas para cambio de redes y pavimento, incluyendo 3.1 kilómetros que van desde el antiguo DAS hasta la entrada del aeropuerto, demanda una inversión de 43 mil millones de pesos.

De esa suma, aseguró, que se tienen garantizados 23.500 millones con los ingresos de regalías, por lo tanto, hacen faltan 20 mil millones. 

Una opción sería cubrir toda la obra con los recursos de regalías, pero quedarían desfinanciados otros sectores como la vivienda, que necesita un presupuesto aproximado de 10 mil millones para cumplir con lo consagrado en el plan de desarrollo. Por eso se pensó en un endeudamiento.

La Secretaría de Educación de Yopal llevó a cabo la primera mesa pública del programa de alimentación escolar (PAE) 2025. La actividad desarrolló en el auditorio de La Triada este lunes 17 de marzo.

Asistieron estudiantes, padres de familia, manipuladores de alimentos, directivos docentes, organismos de control y funcionarios locales. Durante el evento, se destacó la conformación y activación de los 24 comités de alimentación escolar (CAE) en solo dos meses, un proceso que tradicionalmente toma un año. 

Estos CAE fortalecen el control social y la participación ciudadana, permiten identificar y reportar novedades de manera inmediata a la Secretaría de Educación. Gracias a este mecanismo, la comunidad educativa tuvo una participación activa en la esa mesa pública, lo que facilitó conocer de primera mano las situaciones que enfrentan las instituciones educativas. 

Liliam Obregón, delegada de la Procuraduría, resaltó el balance positivo del programa, aunque señaló que hay aspectos que requieren mejoras. “Escuchar a los destinatarios del servicio y a los operadores es clave para prestar un mejor servicio en el PAE”, afirmó. 

Por su parte, David Díaz Sánchez, secretario de educación de Yopal, se comprometió a realizar seguimiento personal a las novedades reportadas por estudiantes y padres de familia, con el fin de brindar soluciones inmediatas.

Sin embargo, reconoció las limitaciones presupuestales para atender las necesidades de infraestructura en las instituciones educativas. 

“Con los recursos que recibimos de la Nación y los que aporta el municipio, no es posible cubrir todas las necesidades. Por eso, junto con los rectores, priorizamos las inversiones”, explicó Díaz Sánchez.

Agregó que ya se han girado recursos a instituciones como el ITEY, Luis Carlos Sarmiento de La Chaparrera, y algunas sedes de El Triunfo y Tacarimena. 

Reyneiro Flechas, vocero de la Contraloría General de la República, propuso la elaboración de un plan de acción para dar seguimiento a las solicitudes, quejas y reclamos presentados durante la mesa pública.

El evento contó con la presencia de delegados de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Yopal, quienes aportaron sugerencias para mejorar el programa. 

A través de un boletín de prensa, la Nueva EPS señaló que ha garantizado la continuidad en la prestación de procesos de diálisis para sus afiliados, tras realizar pagos por más de $259.000 millones a los principales proveedores de este servicio en el país.

Entre abril de 2024 y marzo de 2025, la entidad giró estos recursos a las empresas RTS SAS, Davita SAS, Fresenius Medical Care Colombia y Nefrouros, asegurando la atención de 10.652 pacientes en diversas ciudades. 

Durante este período, se llevaron a cabo 1,2 millones de sesiones de hemodiálisis y más de 997.000 procedimientos de diálisis peritoneal. Estos servicios se han mantenido sin interrupciones, incluso durante la intervención forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud. 

La entidad reiteró su compromiso de garantizar el acceso a los servicios de salud para sus afiliados, especialmente para aquellos con condiciones críticas que requieren tratamientos continuos como la diálisis.

La EPS aseguró que continuará trabajando para mantener la calidad y la cobertura de estos servicios en todo el territorio nacional. 

Hoy martes a las 5 de la tarde en la carrera 29 con calle 11, la Alcaldía de Yopal adelantará la socialización del proyecto de construcción de una glorieta que quedará ubicada en este sector, con el fin de mejorar toda la movilidad de esta zona de la ciudad.

De acuerdo con lo manifestado desde la Administración municipal, esta obra permitirá la optimización hidráulica y mejoramiento del sistema vial del área a intervenir.

Teniendo en cuenta la importancia de la iniciativa, el Gobierno local hizo extensiva la invitación a los líderes sociales y a todos los habitantes de los barrios circunvecinos, para que participen de la actividad.

La idea es que conozcan en detalle los alcances del proyecto, la fecha del inicio de los trabajos y las rutas alternas habilitadas durante el tiempo que dure la ejecución de la obra.

El concejal Leonardo Infante reveló en su cuenta de Facebook la Resolución 1029 del 06 de diciembre del año 2023, mediante la cual la Alcaldía de Yopal asignó una partida de $818.811.557.

Estos dineros fueron destinado a la adecuación, mejoramiento y dotación del inmueble ubicado en la diagonal 14 A # 15 – 11 MZ 14, donde queda ubicada la sede de Catasig, el gestor catastral que adelantó la actualización del avalúo que disparó el valor del impuesto predial unificado y que ha generado polémica y reclamo de los contribuyentes.

Según la información publicada por el concejal Infante. El dinero destinado a la ejecución de este proyecto saldría de recursos del bienio 2023 – 2024 provenientes del Sistema General de Regalías.

Treinta y seis días después de haber sido aprobada la partida presupuestal, el 12 de enero de 2024, la empresa Catasig firmó la minuta del contrato con la firma Construcciones y Proyectos Enterprise SAS.

El objeto era puntual. “Adecuación, mejoramiento y dotación de la edificación localizada en la diagonal 14 A No. 15 – 11 Mz 14 barrio Luis Hernández Vargas, para el fortalecimiento de la gestión pública del municipio de Yopal Casanare”.

El valor del contrato fue por $800.999.920 y el plazo de ejecución fue de dos meses. El certificado de disponibilidad presupuestal es el 124, fechado el 03 de enero de 2024. Así se puede ver en la primera hoja de la minuta divulgada por Leonardo Infante.

Ecopetrol anunció la apertura de una nueva convocatoria para otorgar 100 becas del programa Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, dirigido a jóvenes egresados de colegios públicos en todo el país.

La iniciativa, que busca promover la excelencia académica y facilitar el acceso a la educación superior, estará abierta desde el 17 de marzo hasta el 2 de mayo de 2024.

Las becas cubren el 100% del valor de la matrícula en universidades acreditadas en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Además, los beneficiarios recibirán apoyos semestrales para transporte, alimentación y alojamiento, en caso de estudiar fuera de su municipio de origen.

El programa también incluye acompañamiento académico y psicosocial para garantizar el bienestar y el éxito de los estudiantes durante su formación profesional.

Desde su creación en 1986, el programa ha beneficiado a 1.860 jóvenes, con 333 estudiantes activos actualmente en más de 50 universidades del país.

Para esta convocatoria, los interesados deben cumplir con requisitos como haber cursado sus estudios en una institución educativa oficial, obtener un mínimo de 250 puntos en las Pruebas Saber 11 de 2024 y presentar un ensayo argumentando por qué merecen la beca.

Toda la información detallada sobre la inscripción y los documentos requeridos está disponible en la página oficial de Ecopetrol: (https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/Home/bachilleresecopetrol).

Sandra Lucía Rodríguez, vicepresidenta de transformación territorial y HSE de Ecopetrol, destacó el compromiso de la empresa con la educación como pilar del progreso social.

“A través de este programa, apoyamos a jóvenes talentosos de zonas urbanas y rurales que sueñan con acceder a la universidad y contribuir al desarrollo del país”, afirmó.

Los resultados de la convocatoria se darán a conocer una vez se valide la documentación presentada por los aspirantes, en coordinación con el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Ecopetrol con la equidad, el talento joven y el desarrollo territorial sostenible a través de la educación de calidad.

Una vez más un posible caso de fallecimiento por determinación enluta a una familia casanareña. En esta oportunidad una estudiante universitaria de 20 años fue encontrada sin vida al interior de su sitio de residencia.

La joven de fue identificada como Karen Morales, quien, según las primeras informaciones que se tienen sobre este caso, era estudiante del programa de arquitectura de Unitrópico.

Así mismo, versiones extraoficiales señalan que fue su compañera de apartamento fue quien halló el cuerpo sin vida y de inmediato avisó a las autoridades.

El lamentable suceso tuvo lugar en la carrera 13 A con calle 25, barrio Araguaney, en la ciudad de Yopal, este lunes 17 de marzo en horas de la mañana.

También trascendió que la fallecida, al parecer, padecía de un cuadro de depresión y que su compañera con quien compartía apartamento, le prestaba apoyo emocional.