La Alcaldía de Yopal anunció que ha dado un paso significativo hacia la mejora de la movilidad urbana con la planificación de la extensión de la Calle 70, un proyecto que conectará el sector de La Bendición con la Avenida Primera.

El alcalde Marco Tulio Ruíz, junto a la secretaria de Planeación, Narda Consuelo Perilla, lideraron una inspección del terreno donde se llevará a cabo la obra.

Durante la visita, en la que también participaron la gestora social, Paula Ruiz, el concejal Ociel Ortiz, el propietario del predio y miembros de la comunidad, se acordó iniciar los trámites legales para la cesión de 2.6 hectáreas de terreno al municipio.

Esta obra, considerada prioritaria por la Administración Municipal, beneficiará directamente a los residentes de la comuna 6 al descongestionar el tráfico en la zona y proporcionar una salida más rápida.

"Esta es una gran noticia, porque será un avance significativo para mejorar la conectividad y movilidad, lo que beneficiará directamente a las comunidades de La Bendición y San Rafael de Morichal" explicó Narda Perilla.

El concejal Ortiz, por su parte, destacó la importancia de la vía, que cruzará La Bendición en doble calzada, y la intención de extenderla hasta el caño Usivar y el corredor que comunica a San Rafael de Morichal.

Rómulo Fonseca, propietario del terreno, expresó su apoyo al proyecto, que según indicó, generará progreso para el sector al descongestionar el tránsito vehicular en esta zona de la ciudad.

La Secretaría de Planeación ha iniciado los procedimientos legales correspondientes para materializar esta obra de infraestructura, que forma parte del plan de desarrollo urbano de la actual administración municipal.

En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se judicializó a Luis Manuel Herrera Brieva por la tenencia ilegal de 28 animales silvestres y exóticos en un hotel de Santa Marta, departamento del Magdalena.

Durante la inspección al establecimiento, las autoridades encontraron 7 flamencos, 18 tortugas morrocoy, 2 loros cabeza amarilla y 1 guacamaya en condiciones precarias de salud y bienestar debido al encierro.

Los animales fueron rescatados y entregados a la autoridad ambiental para su rehabilitación. Herrera Brieva fue capturado en flagrancia y presentado ante un juez de control de garantías, donde se le imputó el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, cargo que no aceptó.

Entre las especies rescatadas, el flamenco rosado enfrenta una disminución acelerada de su población en Colombia, mientras que las tortugas morrocoy y los loros cabeza amarilla están en peligro de extinción debido a la caza excesiva y la destrucción de su hábitat.

Este caso resalta la importancia de fortalecer las acciones de prevención y control para garantizar la protección de la fauna silvestre en el país.

Según lo publicó la Fiscalía, las especies era utilizadas como un elemento atractivo para atraer turistas, pero permanecían en unas condiciones inapropiadas de salud.

Varios vidrios de la puerta principal de la iglesia del barrio La Floresta de Yopal terminaron rotos, luego de un sujeto lanzaran piedras contra la edificación. Los daños ocasionados por este ataque fueron estimados en $ 1.500.000.

El sujeto que protagonizó el hecho fue sorprendido por la Policía que procedió a detenerlo por daño en bien ajeno. El detenido de 24 años fue dejado a disposición de la autoridad competente, para que responda por el delito que se le imputa.

La Policía mencionó que en este caso la denuncia ciudadana fue clave, para que la institución actuara de manera oportuna y de esta manera detener al responsable.

Al final de la marcha en contra del maltrato animal que se adelantó este sábado 29 de marzo en la ciudad de Yopal, con punto de partida en el parque del Intra y llegada a La Herradura, Paola Ángel de la Fundación Huellitas Casanare anunció hace grandes esfuerzos, para evitar el cierre definitivo de esta institución sin ánimo de lucro.

Con llanto en los ojos explicó que le causa mucha tristeza y dolor dejar atrás 17 años de trabajo en favor de los animales abandonados y maltratados, pero que por razones ajenas a su voluntad es casi imposible seguir adelante con esta encomiable causa.

Dijo que el terreno donde actualmente se encuentra Huellitas es arrendado. Añadió que el propietario sufrió una calamidad y se vio obligado a vender el predio y, al parecer, ya tiene un comprador.

Esta situación obliga a la Fundación a entregar el lugar y a cerrar definitivamente porque no tiene para donde ir. Manifestó que tiene un plazo aproximado de tres meses para entregar el inmueble.

Manifestó igualmente, que no es fácil encontrar otro sitio. Precisó que cuando los dueños de los predios se enteran del destino que Huellitas le va a dar al predio, prefieren no arrendar.

Añadió que alcanzaron a tener bajo su cuidado más de 70 mascotas rescatadas. La mayoría son perros de difícil adopción porque algunos ya son muy viejos y otros presentan alguna discapacidad.

También aseveró que gracias a las publicaciones en redes sociales y a través de los medios de comunicación, se ha logrado conseguirle hogar a más de 20 de estos animalitos, pero aún quedan cerca de 50 que en el momento en que cierren la Fundación, deberán se trasladados a otro hogar de paso.

Recalcó que el albergue municipal no es una opción, porque no se encuentra en sus mejores condiciones, además del paupérrimo presupuesto que maneja.

“Sus instalaciones, sus jaulas y demás, no está apto para los perros que nosotros tenemos. A parte de eso no cuentan con los recursos para atender a los animales que ellos tienen, mucho menos para todos los que nosotros tenemos en estos momentos”, subrayó Paola Ángel.

Finalmente, dijo que a Huellitas le quedan dos cartas para tratar de conjurar esta crisis. La primera es acudir al Concejo de Yopal, para explorar la posibilidad de organizar un evento, con el fin de recaudar fondos para adquirir un terreno.

La segunda consiste en pedirle a la Sociedad de Activos Especiales un predio bajo la figura de comodato. Ángel es consciente que esta propuesta toma su tiempo. En este sentido lo primero que debe hacer es elaborar un proyecto, llevarlo a la SAE para su estudio y luego esperar que lo aprueben.

En el municipio de Villanueva, Casanare, la Policía Nacional logró la recuperación de una motocicleta marca Honda XR 125, modelo 2015 y color negro, que presentaba denuncia activa por hurto.

El vehículo fue identificado durante labores de control y verificación de antecedentes. Los uniformados se percataron que la moto no contaba con placa visible.

Esta situación llevó al personal de la Policía a consultar el número de motor y chasis. De esta manera confirmaron que la motocicleta presentaba una denuncia por hurto y era solicitada por la Fiscalía 12 Local de Paz de Ariporo, Casanare.

El vehículo avaluado en $8 millones fue puesto a disposición de la autoridad competente, para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Este procedimiento se suma a los esfuerzos recientes de la Policía en la región, donde se han recuperado varios vehículos hurtados y se han judicializado presuntos integrantes de redes criminales dedicadas al robo de motocicletas.

En el marco del desarrollo del debate de controlo político a la Secretaría de Hacienda que adelantó el Concejo Municipal el pasado 28 de marzo, a varias personas de la comunidad se les brindó la posibilidad de expresarse frente al inesperado aumento del impuesto predial.

Uno de los ciudadanos que tomó la palabra y expresó su preocupación fue el sacerdote William Martínez, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Yopal.

El religioso explicó que la Diócesis de Yopal cuenta con algunos predios que están exentos del impuesto predial, como los templos, las casas curales, que están destinadas al ejercicio de trabajo pastoral.

Sin embargo, también existen otros inmuebles que sí están obligados a pagar dicho tributo, como cualquier otro ciudadano. Dijo que estos lugares están destinados al servicio de la comunidad como capillas, salones comunales, entre otros.

En este sentido el párroco precisó que la preocupación de la Diócesis radica en el incremento exagerado del gravamen, el cual alcanzó la suma de 204 millones de pesos.

Ante esta situación Martínez pidió en el recinto del Concejo una revisión del sistema de avalúo catastral, para evitar este tipo de situaciones que afectan, no solo a la Iglesia Católica, sino a un gran número de contribuyentes del municipio.

Por eso el llamado fue para los concejales “tomen consciencia de la necesidad de revisar la base del avalúo catastral”

Agregó que el monto a pagar prendió las alarmas la interior de la comunidad religiosa, porque, aseguró, en este momento la Diócesis no cuenta con fuentes permanente de ingresos. Es por ello por lo que “se convierte en una carga impagable, muy difícil de asumir”, precisó el clérigo.

Finalmente manifestó que los ingresos de la Diócesis se han disminuido considerablemente y la carga laboral representada en la nómina que tiene a su cargo y demás necesidades, apenas alcanza para su funcionamiento.

En este contexto “un pago de impuesto que se dobla de un momento a otro. Veníamos pagando alrededor de 100 millones de pesos y ahora toca pagar más de 200 millones, pues la Diócesis no tiene en su presupuesto cómo responder de manera inmediata a ese cambio tan abrupto”, puntualizó el presbítero.

En hechos que son materia de investigación, una persona identificada como John Pier Avella Martínez perdió la vida en el municipio de Aguazul.

La información que se tiene sobre este caso indica que el joven, al parecer, fue atacado con arma blanca en medio de una riña. La disputa se presentó en la ribera del Río Unete, cerca del barrio El Porvenir.

Trascendió que Avellaneda era reconocido por sus constantes altercados. También se comentó que está mañana del sábado 29 de marzo se vio envuelto en una pelea y recibió graves heridas, que a la postre le costaron la vida en el lugar del enfrentamiento.

Las autoridades adelantan la respectiva investigación, para identificar y dar con el paradero del agresor.

Se conoció sobre la liberación de los cinco trabajadores de la empresa Cenit, que habían sido secuestrados en horas de la madrugada del viernes 28 de marzo.

La retención ilegal que motivó un comunicado de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas ocurrió en zona rural del municipio araucano de Fortul. Estas personas fueron secuestradas en el momento en que se encontraban adelantando labores de reparación en el oleoducto Bicentenario.

En el escrito divulgado por la ACP, se condenó de manera categórica este tipo de acciones ilegales. “El secuestro de trabajadores del sector de hidrocarburos y los ataques a la Fuerza Pública en el departamento de Arauca, hechos inaceptables que atentan contra la vida de colombianos, la seguridad y la paz; generan zozobra en las comunidades y afectan el desarrollo de la región y el país”.

Trascendió que dos de liberados llegaron al municipio de Saravena y los restantes tres arribaron al lugar donde se llevan a cabo los trabajos de reparación del oleoducto Bicentenario.

Un niño de 11 años falleció este viernes 28 de marzo tras sufrir un disparo accidental mientras manipulaba una escopeta de fabricación casera en la finca Bellavista, vereda Caño Chiquito de Paz de Ariporo. 

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando el menor, identificado como José Luis Martínez Suárez, tuvo acceso al arma que era utilizada para labores de caza y trabajos rurales en la propiedad familiar. 

Según versiones preliminares, el menor recibió el impacto del disparo a la altura del cuello. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde llegó con signos vitales, pero falleció debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades adelantan la respectiva investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente. Igualmente, se insistió a la comunidad de las zonas rurales extremar las medidas de precaución, en todo lo relacionado con el manejo y tenencia de armas, especialmente de las de fabricación casera, para evitar accidentes.

Comenzaron a conocerse los primeros pronunciamientos de las autoridades judiciales, frente a las tutelas y acciones populares instauradas por algunos ciudadanos, en contra del aumento desmedido del impuesto predial en la ciudad de Yopal.

En sentido fue declarada improcedente la Acción de Tutela interpuesta por María Ninfa Gutiérrez Cepeda y Carmenza Higuera Africano, en contra del Municipio de Yopal, el Concejo y la empresa Catasig.

La decisión fue tomada por el Juzgado Civil Municipal de la capital departamental. En el fallo se argumenta que las demandantes no agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, que aplican para estos casos.

Se mencionó el recurso ante la jurisdicción del contencioso administrativo. Igualmente, para la autoridad judicial no se demostró un perjuicio irremediable, por cuanto no hay acciones coercitivas a cargo de la Administración Municipal para hacer efectivo el cobro de este gravamen.

Adicionalmente el juez consideró que el acto administrativo impugnado es de carácter general y goza de la presunción de legalidad. En este sentido, para el togado, cualquier objeción debe resolverse vía administrativa y no constitucional.

En cuanto a la Acción de Tutela, se alegó una vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana y mínimo vital, como consecuencia del aumento desmedido en el cobro del impuesto predial.

Bajo estos argumentos, según el fallo, se pretendía buscar la suspensión de la Resolución YPL-003 del 31 de diciembre de 2024, que actualizó el avalúo catastral del casco urbano de Yopal.

También se mencionó por las accionantes que el acto administrativo no cumplió con el principio de publicidad. Afirmación que sustentaron con el hecho que la publicación del mismo se hizo el último día hábil de 2024, a través del portal Web de la empresa.

Todo lo anterior fue evaluado por el juez, quien a la postre declaró improcedente dicha Acción de Tutela.