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Durante su intervención ante la Corte Constitucional, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo insistió en la persistencia de irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud.

El funcionario manifestó la existencia de contratos irregulares y el cobro de comisiones para la gestión de pagos. En este ecosistema de corrupción puso como ejemplo a Capresoca.

Responsabilizó de esta situación a la figura de las interventorías, sobre las cuales resaltó que no es de su competencia nombrar este tipo de funcionarios y que tampoco tiene autoridad sobre ellos.

Para el caso de la EPS casanareña expresó que denunció a la agente interventora que llegó a la entidad. Aunque no mencionó su nombre, el ministro hacía referencia a Betty Cecilia Anaya Nieto. Funcionaria quien ya se había recibido cuestionamientos por su gestión.

El titular de la cartera de salud trajo a colación la asignación de un contrato de 24.000 millones de pesos a la empresa Provitaly SAS para la distribución de medicamentos.

Según el ministro, al momento de la adjudicación, dicha entidad poseía un capital de ocho millones de pesos y carecía de puntos de atención en la región.

Igualmente mencionó la entrega de un contrato de salud mental por 20.000 millones de pesos a una firma de la capital del Atlántico con un patrimonio registrado de 18 millones de pesos, desplazando a una empresa que llevaba 15 años prestando el servicio.

“Y el señor gobernador me llama a mí y me dice que hasta los vigilantes los estaban trayendo de Barraquilla”, recalcó el ministro Jaramillo.

Agregó que “es el robo más descarado que se está haciendo, inclusive con personas nombradas por este gobierno, en donde el señor presidente ni el ministro de salud no tienen nada que ver”, recalcó el funcionario.

Dijo que este es solo un caso de una pequeña EPS pública, como es Capresoca.

Carlos Coronel, vocero de la Misión de Observación Electora Democratia Global, se refirió a la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la postulación y acreditación de actores electorales.

Según lo explico el sistema se utiliza para el registro de testigos, observadores nacionales, internacionales y auditores de sistemas. El organismo electoral gestiona este proceso directamente mediante su autonomía administrativa, presupuestal y financiera.

Agregó que la herramienta se desarrolló a través de una unión temporal con el fin de permitir la vigilancia y el monitoreo de los procesos electorales. Esta solución técnica se aplicó en elecciones de Congreso y consultas, y se empleará en las elecciones presidenciales.

Finalmente, las organizaciones de observación presentarán informes y recomendaciones a las autoridades electorales al concluir sus actividades de supervisión.

La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Leonardo de Jesús Acosta Bolaño, señalado como presunto responsable de hurtar y abusar sexualmente de dos mujeres extranjeras en los municipios de Medellín y Envigado.

Según la investigación liderada por el Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), el procesado llegó al Valle de Aburrá procedente de la Costa Atlántica.

Una vez en la región, alquiló un vehículo particular que registró en plataformas digitales de transporte y portaba una licencia de conducción falsificada a nombre de un tercero para operar.

El primer hecho ocurrió la madrugada del 14 de agosto de 2025, cuando una pasajera de 21 años fue intimidada con arma cortopunzante, despojada de dinero en efectivo y agredida sexualmente.

El segundo evento se registró el 18 de agosto del mismo año en Envigado, donde una mujer de 22 años fue sometida a vejámenes y al robo de sus pertenencias.

La Fiscalía imputó a Acosta Bolaño los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y falsedad material en documento público agravado.

El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias concentradas y permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

El Departamento para la Prosperidad Social anunció que los pagos para el programa Renta Joven en su modalidad de giro, correspondientes a los beneficiarios del primer ciclo de 2026, vencen hoy 10 de abril.

La medida corresponde a incentivos para 27.668 participantes, quienes tienen pendientes cobros del ciclo actual y transferencias no reclamadas durante el año 2025.

Para cubrir esta obligación, el Gobierno Nacional destinó una inversión total superior a los 22.700 millones de pesos.

Los pagos programados incluyen los recursos por concepto de matrícula del segundo semestre de 2025 para estudiantes de 33 Instituciones de Educación Superior (IES).

De igual forma, se contempla el apoyo económico destinado a los aprendices del SENA correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2025.

Bajo esta modalidad, los jóvenes deben acudir a los puntos de servicio autorizados de los operadores SuRed y SuperGiros. La entidad habilitó el enlace https://goo.su/UKLVg para que los usuarios verifiquen los puntos de atención disponibles en cada municipio.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó la primera invitación nacional del Programa de Autogestión de Vivienda de interés social nueva urbana.

El objetivo de este llamado es identificar iniciativas y proyectos comunitarios de vivienda en cualquier estado de avance para brindarles asistencia técnica antes de las convocatorias de subsidios de Fonvivienda.

La invitación está dirigida a organizaciones comunitarias legalmente constituidas, como cooperativas, fundaciones y organismos de acción comunal, además de grupos no constituidos que deseen organizarse para desarrollar proyectos habitacionales.

Los interesados deben manifestar su interés mediante un formulario en la plataforma PAVIS.minvivienda.gov.co. Tras la inscripción, el Ministerio entregará un usuario y clave para acceder al aplicativo donde se realiza la etapa de alistamiento.

En este proceso, el representante legal o líder técnico de la organización debe aprobar un curso virtual sobre responsabilidades jurídicas, técnicas y financieras del modelo de autogestión.

Aquellas iniciativas que cumplan con todos los requisitos al 15 de mayo de 2026 serán llamadas a una convocatoria para la asignación de subsidios. Las organizaciones que no completen las condiciones en esa fecha seguirán recibiendo asistencia técnica integral para futuras etapas del programa.

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, informó que se han cumplido las proyecciones de movilidad para la actual Semana Santa.

Según el reporte entregado a las seis de la tarde de este domingo 5 de abril, se registró la movilización de más de 10 millones de vehículos por las vías del país, y se prevé superar la proyección total de 10,8 millones de registros al finalizar la operación retorno.

En cuanto al transporte terrestre de pasajeros, se han movilizado 3.150.000 personas a través de las terminales, con un despacho de 268.000 vehículos de servicio público.

Por su parte, los aeropuertos del país registraron el tránsito de 1.700.000 usuarios, de los cuales el 60% correspondió a vuelos nacionales y el 40% a vuelos internacionales.

La funcionaria solicitó a las alcaldías y gobernaciones mantener los operativos de control en sus jurisdicciones hasta la jornada de hoy lunes 6 de abril, para facilitar el retorno de los viajeros.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, anunció la convocatoria a un paro nacional del magisterio para el próximo miércoles 15 de abril de 2026.

La movilización tiene como objetivo principal la defensa del Acuerdo 003 de 2024 y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, en respuesta a las dificultades reportadas en la prestación de los servicios de salud para los docentes y sus beneficiarios.

La organización sindical exige a la dirección de la Fiduprevisora avanzar en acciones concretas para la estabilización del modelo de salud y propone la conformación de una mesa técnica permanente integrada por dicha entidad, los sindicatos filiales y la propia federación.

Igualmente, el gremio demanda que las entidades prestadoras cumplan con sus obligaciones y cesen la suspensión injustificada de servicios médicos.

En el pliego de peticiones que motiva esta jornada de protesta se incluye la pronta expedición de los decretos salariales y el reconocimiento y pago oportuno de prestaciones sociales, con énfasis en la defensa del derecho a la prima de mitad de año.

Fecode también solicita garantías sindicales a las entidades territoriales certificadas e insta al Gobierno nacional a intensificar el proceso de materialización de los acuerdos firmados previamente entre las partes.

Un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó a Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, a una pena de 16 años, 7 meses y 6 días de prisión.

La sentencia se dio tras la aceptación de cargos por su participación en el direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Estupiñán Bravo aceptó los delitos de peculado por apropiación (propio y en favor de terceros agravado) e interés indebido en la celebración de contratos.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el sentenciado por los cargos de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

La investigación, liderada por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, determinó que el exgerente intervino en la adjudicación de una orden de proveeduría el 11 de octubre de 2023 por un valor de 29.000 millones de pesos.

Dicho contrato tenía como objeto el suministro de 40 carrotanques destinados a comunidades indígenas en La Guajira. El ente acusador probó que se presentó documentación falsa sobre una alianza comercial inexistente con un concesionario para acreditar la disponibilidad de los vehículos.

Asimismo, se estableció que el sentenciado gestionó desembolsos por 24.406 millones de pesos mientras los automotores aún se encontraban en fase de ensamblaje.

Las pruebas periciales confirmaron un sobrecosto de 11.114 millones de pesos, de los cuales Estupiñán Bravo y el representante legal de Yapurutú se habrían apropiado de 4.330 millones, permitiendo que terceros obtuvieran los 6.784 millones restantes. La decisión judicial admite los recursos de ley correspondientes.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formalizó el nombramiento de Diego Solano como superintendente de Industria y Comercio (SIC) en calidad de encargado.

La decisión se tomó tras la aceptación de la renuncia de Cielo Rusinque, quien debió abandonar el cargo luego de un fallo en segunda instancia proferido por el Consejo de Estado.

Fundamentos jurídicos de la salida

La autoridad judicial ratificó la nulidad del nombramiento de Rusinque al determinar que no cumplía con los requisitos de experiencia técnica exigidos para liderar la entidad.

Según la normativa vigente, el cargo de superintendente requiere acreditar una experiencia específica en áreas relacionadas con la protección de la competencia, propiedad industrial o defensa del consumidor, requisitos que, a juicio del Consejo de Estado, no fueron debidamente certificados por la exfuncionaria al momento de su posesión.

Perfil del superintendente encargado

Diego Solano, quien se desempeñaba como jefe de asesores de la SIC y era considerado parte del círculo de confianza de la administración saliente, asumirá las funciones de manera temporal.

Solano es abogado y cuenta con trayectoria dentro de la misma entidad, lo que motivó su designación para garantizar la continuidad de los procesos administrativos y las investigaciones en curso.

La resolución del Ministerio establece que el encargo se mantendrá hasta que el Gobierno Nacional realice la designación de un superintendente en propiedad, proceso que deberá cumplir con la convocatoria pública y la verificación de requisitos de ley que originaron la vacancia actual.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años y 3 meses de prisión (279 meses) al senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés.

El fallo lo halló responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del entramado de corrupción conocido como "Las Marionetas 2.0".

De acuerdo con la sentencia de 438 páginas, se demostró que Ramírez lideró una organización criminal integrada por funcionarios públicos y particulares para direccionar la contratación estatal.

El objetivo de estas maniobras era beneficiar a contratistas específicos a cambio de dádivas económicas y apoyo político para sus campañas electorales, especialmente a través del Convenio 670 de 2021 firmado entre el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta.

Además de la pena privativa de la libertad, la Corte impuso una multa superior a los 22.340 millones de pesos.  Lo Inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por más de 23 años (280 meses). Igualmente, le negó los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena o prisión domiciliaria.

La investigación determinó que la red de corrupción manipuló recursos destinados a obras de infraestructura vial en departamentos como Quindío, Caldas, Tolima y Santander.

Aunque el exsenador fue absuelto de algunos cargos específicos relacionados con contratos de interventoría, la condena principal se fundamentó en su rol como articulador del esquema delictivo que desvió fondos del presupuesto nacional.

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